El reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone declarar la caducidad de las concesiones mineras sin actividad en un plazo de 15 años, abre un debate clave para el futuro del sector: la estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego.
Defender la minería formal implica, precisamente, proteger esas condiciones. Las concesiones no son únicamente espacios de explotación; son, ante todo, áreas de exploración, investigación y generación de conocimiento sobre la riqueza del territorio. El desarrollo de un proyecto minero responde a ciclos largos, complejos y de alto riesgo, que no pueden medirse bajo criterios simplificados de “actividad” o “inactividad”.
El Perú ha construido, durante décadas, un sistema de concesiones que ha sido reconocido como un pilar para
atraer inversión. Es un esquema que ha permitido dinamizar la exploración, con cientos de petitorios gestionados cada mes a través del Ingemmet, y que ha facilitado la participación de empresas de distintos tamaños. Debilitar este sistema sin atacar los verdaderos problemas del sector sería un error.
Porque el principal cuello de botella no está en las concesiones, sino en la tramitología. Hoy, desarrollar un proyecto minero puede implicar más de 200 autorizaciones y la intervención de más de 30 entidades públicas. En la práctica, esto se traduce en procesos que pueden extenderse por más de 30 años. En ese contexto, reducir plazos de concesión sin simplificar los permisos no solo es insuficiente, sino que introduce un factor adicional de incertidumbre.
Frente a ello, la ruta correcta ya ha sido señalada. El reciente financiamiento de US$ 200 millones aprobado por el Banco Mundial apunta precisamente a fortalecer la competitividad del sector mediante la modernización de la información geocientífica, la implementación de una Ventanilla Única Digital y la mejora de la transparencia. Ese es el camino: facilitar, ordenar y hacer más eficiente el sistema, no volverlo más restrictivo.
A ello se suma un frente clave: la formalización de la pequeña minería. De acuerdo con estimaciones del sector, este proceso podría aportar hasta 1.5 puntos adicionales al PBI minero. Pero esto solo será posible si se impulsa una formalización real, con estándares claros, sostenibilidad ambiental y condiciones adecuadas para el pequeño productor. No se trata de extender indefinidamente esquemas transitorios, como el Reinfo, sino de construir un sistema que funcione.
Si el objetivo es un uso más eficiente del territorio, la prioridad debe ser clara: simplificar procesos, reducir tiempos de aprobación y fortalecer la institucionalidad.
Cualquier reforma que genere incertidumbre sobre los derechos mineros terminará afectando la inversión, la exploración y, en última instancia, el desarrollo del país.
El Perú no necesita reinventar su sistema minero.
Necesita hacerlo funcionar mejor.
Porque la competitividad no se construye restringiendo la inversión, sino generando confianza.
