El anuncio del Ministerio de Energía y Minas de impulsar mayores oportunidades para las mujeres en minería representa una señal positiva que debe traducirse en acciones concretas. La minería moderna necesita más diversidad, más talento y espacios donde prevalezcan la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Incorporar más mujeres no solo fortalece la competitividad del sector, sino que también contribuye a construir una industria más moderna, sostenible y conectada con las demandas de la sociedad actual.
Sin embargo, este avance convive con una realidad preocupante. Mientras el precio internacional del oro continúa en niveles históricamente altos, la producción formal aurífera del Perú sigue cayendo. Según cifras recientes, en marzo la producción nacional de oro disminuyó más de 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación obliga a preguntarnos quién está aprovechando realmente el auge del oro y pone nuevamente en evidencia los serios problemas de trazabilidad y control que enfrenta el país.
Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advertimos que el contraste entre menores niveles de producción formal y mayores exportaciones genera legítimas preocupaciones sobre el origen del mineral que ingresa al circuito comercial. La minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones y aprovecha las debilidades institucionales para infiltrar oro de procedencia ilícita en cadenas formales de comercialización.
En ese contexto, preocupa seriamente que desde el Congreso se insista en propuestas como la creación de un denominado “Banco de Oro del Perú”, una entidad estatal que compraría oro directamente a pequeños mineros y productores artesanales, incluso a aquellos que aún se encuentran en proceso de formalización. Consideramos que una iniciativa de este tipo podría convertirse en un grave riesgo para el país si antes no existen mecanismos sólidos de trazabilidad, fiscalización y control efectivo del origen del mineral.
El Perú no puede permitirse abrir espacios que terminen legitimando o facilitando el ingreso de oro ilegal al circuito formal. La experiencia reciente demuestra que las debilidades institucionales y los vacíos de supervisión han sido aprovechados por redes vinculadas a economías ilícitas para blanquear minerales de origen ilegal. En un contexto donde la minería ilegal avanza y mueve miles de millones de dólares, cualquier propuesta que reduzca los estándares de control debe analizarse con absoluta responsabilidad.
La pequeña minería y la minería artesanal requieren apoyo técnico, financiamiento y acompañamiento para avanzar hacia la formalidad. Pero la formalización no puede convertirse en una categoría indefinida ni en un mecanismo que debilite la legalidad. El país necesita reglas claras, instituciones fuertes y señales firmes frente a la ilegalidad.
Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostenemos que el futuro del sector pasa por consolidar una minería moderna, inclusiva y transparente, capaz de generar oportunidades y desarrollo sostenible para el país. Pero ello solo será posible si fortalecemos la institucionalidad, mejoramos la capacidad de supervisión y defendemos con firmeza la trazabilidad y la legalidad en toda la cadena minera.
La minería peruana necesita más inclusión y más competitividad, pero también necesita límites claros frente a iniciativas que podrían terminar debilitando el esfuerzo por combatir la minería ilegal.
