Minería: crecer con reglas claras y firmeza frente a la ilegalidad

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El Perú tiene una oportunidad que no podemos desaprovechar. Entre enero y junio de este año, las exportaciones alcanzaron los US$ 54,049 millones, un crecimiento de 34% respecto al mismo periodo de 2025, según cifras de ADEX. La minería fue uno de los principales motores de este resultado, confirmando una vez más el peso que tiene el sector en la generación de divisas, inversión y empleo para el país.

Este desempeño positivo debe llevarnos, sin embargo, a mirar más allá de las cifras. Un buen ciclo de precios y una mayor demanda internacional no garantizan por sí solos un crecimiento sostenido. Para aprovechar esta coyuntura necesitamos poner en operación los proyectos mineros que tenemos en cartera, resolviendo problemas que siguen limitando la competitividad minera: una carga regulatoria compleja, dificultades para poner en marcha nuevos proyectos, falta de predictibilidad y una informalidad que, en sus expresiones más graves, termina convirtiéndose en minería ilegal.

En ese contexto, resulta positivo que el Gobierno coloque entre sus prioridades la atención de los problemas del sector minero-energético. Pero ordenar una actividad de esta magnitud requiere mucho más que anuncios. Se necesitan más funcionarios idóneos, capacidad técnica y una gestión pública eficiente que entienda que el Perú compite por inversiones con otros países que también buscan aprovechar la creciente demanda mundial de minerales.

Uno de los desafíos más urgentes es resolver de manera definitiva la situación de la pequeña minería y la minería artesanal. El país necesita una ruta de formalización clara, viable y con resultados, que permita incorporar a quienes realmente tienen la voluntad y las condiciones para desarrollar una actividad dentro de la legalidad. Para ello se requiere acompañamiento, asistencia técnica y reglas que puedan ser cumplidas.

Pero formalización e ilegalidad no son sinónimos y debemos todos incidir en esta diferencia. No podemos confundir al pequeño productor que busca ingresar a la legalidad con organizaciones que utilizan la fachada de la informalidad para desarrollar actividades ilícitas, depredar el ambiente, financiar redes criminales o ejercer violencia en los territorios.

En ese sentido, resulta especialmente preocupante la estimación del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien señala que entre medio millón y un millón de personas estarían vinculadas directa o indirectamente con la minería ilegal. Más allá de la dimensión exacta de esta cifra, revela la magnitud social y económica que ha adquirido el problema y demuestra que no estamos frente a un fenómeno que pueda resolverse únicamente mediante operativos de interdicción.

El Estado necesita una estrategia diferenciada. Para quienes buscan formalizarse debe existir una ruta clara, acompañamiento técnico y condiciones para incorporarse a la economía formal. Frente a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal y vinculadas al crimen, la respuesta debe ser firme y sostenida, combinando control territorial, inteligencia, persecución de sus fuentes de financiamiento y acciones contra sus canales de comercialización.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú consideramos que el actual momento de crecimiento de las exportaciones debe convertirse en una oportunidad para construir una agenda minera de largo plazo. Esto implica destrabar proyectos, mejorar la gestión pública, fortalecer la formalización y combatir decididamente la ilegalidad.

El reto no es solamente producir más. Es lograr que el crecimiento minero ocurra dentro de la ley, genere oportunidades y contribuya efectivamente al desarrollo del país. El Perú cuenta con recursos, talento y una demanda internacional creciente. Lo que necesitamos ahora es la capacidad institucional y la decisión política para transformar esas ventajas en desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida para todos los peruanos.