Este dinamismo no es menor. La inversión en exploración y en mejora de operaciones es la base sobre la cual se construye el futuro del sector. Es lo que permitirá sostener la producción, generar empleo formal y asegurar recursos para el Estado
en los próximos años. Pero este impulso no está garantizado. Depende, fundamentalmente, de la capacidad del país para ofrecer condiciones de estabilidad, eficiencia y confianza.
En ese sentido, la advertencia del exministro Luis Miguel Incháustegui es clara: el Perú podría perder el auge del cobre si no logra destrabar su cartera de proyectos y controlar el avance de la minería ilegal. No se trata de una alerta menor. En un contexto global donde el cobre es clave para la transición energética, otros países están avanzando con mayor velocidad para captar inversión y posicionarse como proveedores estratégicos.
Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú afirmamos que el país no puede darse el lujo de perder esta oportunidad. Destrabar proyectos no es una consigna, es una necesidad. Implica mejorar la gestión pública, reducir la excesiva tramitología y asegurar procesos técnicos predecibles. Al mismo tiempo, exige una acción firme frente a la minería ilegal, que hoy no solo contamina y evade impuestos, sino que también ocupa territorios, genera violencia y debilita la autoridad del Estado.
En este punto, el escenario político agrega un factor de preocupación. La eventual presencia, a partir de julio de 2026, en el nuevo Congreso de la República, de representantes que promueven la minería informal envía una señal equivocada al país. La informalidad no es una solución; es parte del problema. Normalizarla o defenderla solo profundiza el desorden, afecta la competitividad y debilita la institucionalidad.
El Perú necesita avanzar en consolidar una minería formal, moderna y responsable, que genere valor para el país y oportunidades para las regiones. Esto requiere decisiones claras. Requiere un Estado que ordene el territorio, que haga cumplir la ley y que promueva la inversión bajo reglas estables.
Desde el IIMP asumimos el compromiso de contribuir a ese objetivo con una voz técnica, pero también firme. El momento que atraviesa el país no admite ambigüedades. La minería puede ser uno de los principales motores del desarrollo nacional, pero solo si se construye sobre la base de la legalidad, la institucionalidad y la confianza.
El Perú tiene la oportunidad. Lo que está en juego es la capacidad de no perderla.
